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«La agricultura debe ser considerada un sector estratégico, dado que la producción de alimentos depende de ello. Esta garantía de suministro a nuestros hogares se fundamenta en la productividad y fiabilidad de los cultivos de regadío»
El agua y la energía son recursos imprescindibles para nuestra vida y desarrollo. Como hemos podido comprobar en esta última época, tan convulsa que estamos viviendo, se encuentran fuertemente interrelacionados. Con unos incrementos descomunales en los precios de la energía, que a su vez están afectando muy negativamente a los costes de la captación, tratamiento y distribución del agua, así como a la producción de alimentos.
Conviene recordar que la producción de alimentos, además del agua, está muy ligada a la energía. La fuerte escalada del precio de la electricidad y gasoil agrícola, sin entrar en otros insumos agrícolas, junto a la de los fertilizantes (afectados por el fuerte encarecimiento del gas), está provocando que la actividad en muchas explotaciones agrícolas sea totalmente inviable. Lo que está produciendo una gran crispación y movilización del mundo rural, con grandes manifestaciones a lo largo de todo el país.
«El coste del agua desalada ha sufrido, por su gran dependencia energética, un fuerte incremento que la hace totalmente inviable para uso agrícola. Por ello, no se entiende que el Gobierno continúe pretendiendo reducir el Trasvase Tajo-Segura»
Pero no podemos obviar, que no solo está en juego el modo de vida de muchos agricultores, sino nuestra alimentación. Por tanto, la agricultura debe ser considerada un sector estratégico, dado que la producción de alimentos depende de ello. Esta garantía de suministro a nuestros hogares se fundamenta en la productividad y fiabilidad de los cultivos de regadío. En España, la agricultura de regadío supone más del 65% de la producción con solo el 22% de la superficie cultivada. Jugando un papel esencial las Comunidades de Regantes, por ser las entidades que suministramos el agua a las parcelas agrícolas.
Por ello, no se entiende que todavía en nuestro país siga existiendo una gran desigualdad en el acceso a un bien de primera necesidad como es el agua, habiendo grandes diferencias por regiones en cuanto a la disponibilidad, la garantía, la calidad y el coste del agua. Todo ello agravado por el cambio climático, que está provocando una reducción progresiva y generalizada de la disponibilidad de agua; y principalmente por la falta de actuaciones de gobernanza, que está provocando un empeoramiento de esta situación. Sólo se han ejecutado dos de cada diez euros de la inversión prevista en los últimos planes hidrológicos.
«En España, la agricultura de regadío supone más del 65% de la producción con solo el 22% de la superficie cultivada. Jugando un papel esencial las Comunidades de Regantes, por ser las entidades que suministramos el agua a las parcelas agrícolas»
Un claro ejemplo de estas inadecuadas políticas hídricas, lo encontramos con la intención del Gobierno de reducir a la mitad los volúmenes trasvasados por el Acueducto Tajo-Segura, con lo que se agravará la inseguridad hídrica de nuestro regadío y se pondrá en riesgo la producción de muchos alimentos mediante la agricultura. Esta disminución prevista de los trasvases es debida a que los caudales ecológicos indicados en la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo son muy superiores a los necesarios, tal como demuestran estudios de la Universidad Politécnica de Madrid. Tampoco se puede ignorar el interés público social, económico y medioambiental asociado al Trasvase ni, por tanto, la necesidad de fijar con prudencia los caudales ecológicos mínimos, teniendo en cuenta que no son un fin en sí mismo, sino un instrumento para lograr el buen estado de las masas de agua.
Por otro lado, el Gobierno, para resolver el déficit hídrico de la Cuenca del Segura, que se verá gravemente incrementado por este injustificado recorte del Trasvase, ha apostado principalmente por la desalación. Un agua que contaba con un precio casi inasumible para el regadío, por consumir 4 veces más energía que el agua del Trasvase, con lo que su uso estaba fuertemente limitado a la mezcla con otros recursos o para cultivos de un alto valor, como son los de invernaderos.
El coste del agua desalada ha sufrido, debido a su gran dependencia energética, un fuerte incremento que la hace totalmente inviable para uso agrícola. Por ello, no se entiende que el Gobierno continúe pretendiendo reducir el Trasvase Tajo-Segura todavía más. Aunque recientemente ha aprobado una subvención momentánea del agua desalada, el coste de la misma sigue siendo muy caro, y su uso solo puede ser si se mezcla con otros recursos como son los del Trasvase Tajo-Segura.
Para finalizar, me gustaría recordar que el campo se encuentra en una situación crítica y los agricultores no tienen espera. Nuestros gobernantes deben tomar lo antes posible decisiones pragmáticas para que no se ponga en riesgo la producción de alimentos. Tampoco podemos olvidar los instantes de pánico iniciales de la pandemia de la covid-19 que llevaron a muchos ciudadanos a hacer compras compulsivas, dejando las estanterías de los supermercados vacías. Pero gracias, entre otros, al trabajo de los agricultores, y a pesar del miedo al contagio del coronavirus, nuestro sector agroalimentario no tuvo ningún problema para garantizar la alimentación de gran parte de Europa, dejando claro que España es una de las principales despensas de Europa. No podemos permitirnos el lujo de destruir nuestro tejido agroalimentario, nos estamos jugando nuestra alimentación.
Manuel Martínez Madrid, Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
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