Cientos de agricultores presentan una demanda colectiva contra la «ley de destrucción de la agricultura» del Gobierno regional

Desde la dirección jurídica del proceso, las nuevas 127 adhesiones «refuerzan las acciones procesales de defensa con un colectivo mayor», explica la abogada de los agricultores, Inmaculada de la Fuente Cabero. Se inicia de esta manera la «vía administrativa» y, después de dejar pasar unos meses, se acudirá si es necesario a la vía judicial si la Administración no contesta. «Y se acudirá a todas las instancias que sea preciso», añade. La letrada explica que «lo que se pretende es el fin o cambio de las restricciones legales impuestas por la normativa del Mar Menor, para que la ley sea acorde a la Constitución Española, que haga compatible la agricultura y el medio ambiente y que sea una ley que no impida el ejercicio de los derechos profesionales de los agricultores de la Región de Murcia».

Para reforzar la demanda, el equipo jurídico cuenta con informes periciales de técnicos agrónomos y también con un informe de cátedra de la Universidad de Alicante emitido por Santiago González-Varas. Hay en curso otros informes independientes de acreditadas personalidades, que se harán públicos en su momento, que acreditarán la impresionante devaluación del valor de las tierras del Campo de Cartagena desde la entrada en vigor de la ley.

Los agricultores del Campo de Cartagena, organizados en su inmensa mayoría en torno a la Fundación Ingenio para evitar este atropello perpetrado por el Gobierno regional, consideran que una ley pactada entre el Gobierno regional de Murcia y el Gobierno del PSOE, con la influencia del ecologismo radical politizado y con claros intereses subvencionados, ha abierto de par en par la puerta a la liquidación del Campo de Cartagena, una comarca de regadío muy productivo que sostiene a diez mil familias, empresas y crea millares de empleos y economía para el conjunto de la Región. Se trata de la llamada ley del Mar Menor, que fue una respuesta sesgada e incompleta a la contaminación estructural de la laguna.

La ley obvia problemas evidentemente de contaminación, como los vertidos de aguas residuales de origen urbano, señalado como principal problema en la contaminación del Mar Menor por numerosos estudios de doctores como Jesús Cisneros o del colectivo Agro-Ingenieros por el Mar Menor, y que coincide con un reciente estudio de GAD3, que confirma que 8 de cada 10 murcianos señalan a las aguas residuales urbanas como el principal factor de la contaminación en el Mar Menor. Y además obvia también la presión urbanística o los aportes de metales de las minas para señalar casi en exclusiva a la agricultura como único responsable de la contaminación, «una mentira histórica que ultraja el trabajo de todos los agricultores de la Región» y que «da una coartada fabulosa al ecologismo radical que encarna Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica del gobierno socialista, para liquidar la agricultura», el sueño de estos movimientos influidos por lobbies internacionales, con intereses de grandes fondos que buscan lucrarse con otro modelo productivo, asegura la Fundación Ingenio.

Al servicio de intereses muy concretos

La ley del Mar Menor es tan clara en este sentido que «resulta llamativa una redacción a todas luces hecha ad hoc al servicio de intereses muy concretos, una hoja de ruta muy bien marcada desde hace años para favorecer un uso monopolístico de grandes empresas fotovoltaicas», añade FI. «El artículo 16 es inconstitucional de cabo a rabo, no se sostiene: vulnera la libertad de empresa en base a razonamientos falsos», añade.

El artículo 16 del Decreto-ley 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor, fue copiado y pegado literalmente (se mantienen en ese mismo artículo) en la Ley 3/2020, la del Mar Menor. El artículo hace referencia a la llamada «área de exclusión temporal» entorno a la laguna, básicamente campos de regadíos productivos, con décadas de actividad que ha contribuido al bienestar de la Región. En su punto 4, se advierte que queda excluida toda autorización de actividad económica alternativa en estos campos:

4. En el Área de exclusión temporal se suspende el otorgamiento de autorizaciones de interés público previstas en los artículos 94.2, 95.2 y 101.4 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, en los siguientes supuestos:

a) Usos industriales, salvo la instalación de plantas fotovoltaicas.

b) Usos comerciales, logísticos y del almacenaje.

c) Usos hoteleros y demás alojamientos turísticos.

d) Uso de restauración.

e) Uso terciario recreativo.

f) Cualquier uso que se encuentre en terrenos inundables.

Es decir, las tierras han de abandonar el uso agrícola, pero nada puede hacerse, salvo poner placas solares. Este leonino y a todas luces inconstitucional hachazo legal está provocando la devaluación del precio de estas tierras, su mala venta a fondos de inversión internacionales o un alquiler ruinoso.

«Las consecuencias, de las que advertimos desde el inicio, son que las familias pierden su patrimonio en favor de multinacionales sin cara ni ojos que están liquidando nuestra forma de vida y sustituyendo cubierta vegetal rentable y sostenible por hierro y cristal sobre unos campos que serán irrecuperables cuando estalle la burbuja fotovoltaica», explican desde FI. «El Gobierno regional debe explicar por qué legisla a propósito para liquidar el patrimonio familiar de los agricultores y por qué permite que las multinacionales hagan acopio de tierras» de nuestra Región, añade.

Fundación Ingenio

La Fundación Ingenio nace en 2020 con el objetivo de poner en valor una agricultura responsable, sostenible e innovadora. Una agricultura del futuro, que lidere los avances de la ciencia y la tecnología para hacer del cultivo de alimentos un motor medioambiental, económico y social a nivel local, nacional y europeo. Actualmente, engloba a más de 40 cooperativas y empresas agrícolas del campo de Cartagena. Representan al 85% de los agricultores de la zona. Para más información: https://fundacioningenio.com/