El coste de producir en el campo murciano es el doble que hace dos años

Un año más, no hay mucho que celebrar. El campo murciano no logra deshacerse de los efectos que conllevó la guerra en Ucrania y la actual inflación, que deja en los mercados unos precios de los alimentos disparados pero con poca repercusión en los bolsillos de los agricultores. El coste de producir en la tierra de la Región sigue siendo el doble o más que hace dos años y, aunque el gasto se ha rebajado un poco, la renta agraria no despega en la Comunidad. El balance agrario anual de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) de Murcia muestra un panorama negro donde las pocas cifras positivas que puedan haber esconden detrás una maldición. Por ejemplo, los precios del mercado en origen permite a los productores cobrar más por las cosechas de algunos productos con respecto a las estadísticas de principios de año, «pero esto ha sido a consecuencia de una disminución drástica de la producción», apunta José Miguel Marín, presidente regional de la organización agraria.

Entre los ya habituales problemas para el sector agrario como las consecuencias del cambio climático o la menor disponibilidad de agua, durante los próximos años se va a extender sobre el campo una red de normativas, tanto europeas como nacionales, que regularán la actividad con un marcado «perfil ambientalista», dice Marín. La nueva normativa sobre la sostenibilidad de suelos agrarios, como publica hoy LA VERDAD, el cuaderno de campo digital o la regulación contra la contaminación difusa de los nitratos agrarios, que traerá un programa de actuaciones concreto para la Región, tendrá como consecuencia «unos nuevos formatos en la forma de cultivar que nos van a llevar a una menor producción». A su vez, esa menor disposición de alimentos provocará un rebote de los precios al que deberán de hacer frente los consumidores.

Mirando hacia Europa, la novedosa Ley de Restauración de la Naturaleza o la propuesta para crear una directiva sobre vigilancia de los suelos es, para Coag, una «apuesta peligrosa de la Unión Europea, que impone criterios ambientalistas muy importantes que generan presión al sector productor». Las denuncias de las organizaciones agrarias y de algunos estados miembros han permitido que Bruselas «se plantee si este camino es el adecuado». A esto se le une que el agro murciano ha estrenado este 2023 un nuevo diseño de la Política Agraria Común, que en su primer año deja en ayudas directas cerca de 50 millones de euros. Dicho diseño trae consigo los famosos ecorregímenes, que permiten a agricultores y ganaderos de los países europeos percibir una mayor cuantía por mejorar la biodiversidad en el entorno rural.

Esta línea verde de ayudas ha sido incluida en el 50% de las solicitudes de los productores regionales en el año de su estreno: «Es evidente el perjuicio de los ecorregímenes», apunta el líder de Coag. «Hemos pedido al Ministerio de Agricultura mayor flexibilidad en la PAC por la sequía estructural que sufrimos y modificar la normativa verde porque hay situaciones imposibles de cumplir, como en los cultivos leñosos».

José Miguel Marín ha reconocido contactos entre Coag y la Consejería de Ordenación del Territorio, que dirige el vicepresidente regional José Ángel Antelo, para tratar la propuesta de Vox de modificar la ley del Mar Menor. El presidente de Coag Murcia se muestra de acuerdo en este aspecto y cree que la experiencia en los más de tres años que lleva en vigor la ley permite conocer qué cosas son necesarias mantener y cuáles no. En un ejemplo, Marín cree que debería unificarse la normativa que condiciona la actividad agraria en el Campo de Cartagena. La legislación autonómica de la laguna, las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura por la degradación del acuífero Cuaternario, el programa de actuaciones sobre zonas vulnerables a la contaminación por nitratos…; «todo este cóctel debería atenerse a un protocolo único, que esté ordenado. No se pueden hacer cuatro inspecciones sobre lo mismo».

Al respecto de los presupuestos de la Consejería de Agricultura para el próximo año, Marín vuelve a insistir en una reivindicación histórica de Coag: «Deben destinar más recursos propios al sector agrario». Argumenta que con una actividad primaria que tiene un gran peso en la economía regional y en el Producto Interior Bruto (PIB), esta debería ser destinataria de mayores fondos propios de la Comunidad, y «más en un año donde se ha aumentado el techo de gasto». Apunta también a la revisión de algunas partidas «que consumen mucho» y a la creación de un estatus fiscal para los jóvenes agricultores que les permita sobrellevar algunas barreras impositivas. En diez años, calcula la organización, se jubilarán entre el 60 y el 65% de los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas, y falta relevo generacional.

La organización agraria, como también ha mencionado otros años, remarca que durante 2023 se ha registrado una reducción «importante» de las plantaciones en la comarca del Campo de Cartagena por las restricciones de la ley del Mar Menor, por la falta de agua y por la incertidumbre sobre su disponibilidad. A consecuencia de ello, se ha producido un aumento de precios en origen por la ley de la oferta y la demanda. La reciente normativa sobre bienestar animal, añaden, ha provocado una disminución de las plazas de cebo en la Región en más de 150.000 cerdos destinados a engorde. La sequía y los gastos han hecho mella también en las explotaciones de ovino, con un descenso de 50.000 cabezas de ganado.

La deslocalización de grandes empresas agrícolas que dejan la Región atrás en busca de menores costes de producción, como un agua más barata, «o que directamente vayan a una zona que tenga agua», es un escenario que continúa dándose a día de hoy, advierte Coag. El problema, apunta Pedro Gomariz, responsable nacional de cítricos y agua de Coag, es que este traspaso de producciones de una comunidad a otra trae a la Región un riesgo fitosanitario, al tratar los almacenes de aquí las verduras y hortalizas que se cultivan fuera. Los trips, pequeños insectos que merman año a año las cosechas, son un inconveniente de primer orden en los campos de cultivos leñosos, donde ‘manchan’ los cítricos y los dejan fuera del proceso de comercialización.