Obliga por primera vez a una promotora a preparar un plan que compense los efectos negativos sobre el paisaje y a tener en cuenta el plan de ordenación territorial
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El marco normativo y los planes de protección que envuelven al Mar Menor y su cuenca han elevado las exigencias para poder instalar parques solares en el Campo de Cartagena. El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de dar su visto bueno al montaje de una planta fotovoltaica con una potencia máxima de 114MW impulsada por la empresa X-Elio en el municipio de Cartagena. Sin embargo, el proyecto cuenta con nuevos condicionantes que buscarán reducir o eliminar por completo los impactos residuales que esta obra pueda tener sobre el paisaje.
El departamento de la ministra Teresa Ribera obligará a la empresa promotora de la planta, que ocupará una superficie de más de 200 hectáreas entre las diputaciones de La Palma, La Aparecida, Los Camachos y Los Beatos, a elaborar y ejecutar un programa de compensación que evite los efectos visuales negativos sobre estas localidades. El Ministerio, que se encarga de tramitar la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de energía renovable de 50 MW o más, es la primera vez que demanda esta medida, que se revisará cada cinco años y se aplicará durante toda la fase de explotación de la planta.
El huerto solar se construirá próximo a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, pero las placas ocuparán en su gran mayoría terrenos de regadío vinculados al Trasvase Tajo-Segura. Las parcelas afectadas pasarán de tener cítricos a infraestructuras metálicas, lo que deteriora la «calidad paisajística» del entorno: «Su diseño se realizará en colaboración con los respectivos ayuntamientos y deberá obtener visto bueno por la Dirección General del Territorio y Arquitectura de la Región de Murcia», matiza el Ministerio en la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado hace unos días.
Este plan deberá estar, además, redactado conforme a lo que se exponga en la futura ‘Estrategia del paisaje del Campo de Cartagena y Mar Menor’, cuya aprobación lleva años de retraso. La Comunidad apunta en los documentos que se conocen hasta ahora sobre este mandato de la ley de la laguna que se deberá tener en consideración y controlar «la integración paisajística de instalaciones de energías renovables». Las acciones que se tomen deberán centrarse, sobre todo, en las instalaciones que más sobresalgan. Por el momento, la compañía dedicada a la construcción de huertos fotovoltaicos tendrá que poner pantallas vegetales (lentiscos o algarrobos) en el perímetro de la planta y líneas de setos dentro de la misma.
Zona de riadas
El paisaje no es el único detalle que ha cambiado en las condiciones que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio impone a los promotores. Una parte del recinto del parque solar ocupa terrenos ubicados en zonas de flujo preferente, es decir, donde se pueden producir riadas en momentos de fuertes lluvias en la cuenca. Esto se debe a que el área de la planta estaría atravesada por la rambla de Miranda, que desemboca en el Mar Menor.
El constructor no podrá instalar placas ni otros elementos en esta superficie, pero a cambio sí deberá preparar un proyecto de restauración ambiental que elimine las plantaciones agrícolas y restablezca de la vegetación potencial y del paisaje natural asociado a la rambla de Miranda. «Su objetivo será la creación de hábitat potencial para especies de flora y fauna amenazadas, […] así como potenciar los objetivos de calidad paisajística establecidos en la Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia, y en la Estrategia del paisaje del Campo de Cartagena y Mar Menor, pendiente de aprobación».
La planta deberá tener en torno al cauce una serie de charcas o bebederos, un espacio que «tendrá la vocación de corredor verde, en sinergia con el objetivo específico del Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor (también pendiente de aprobación), contemplado en la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, así como con el Marco de actuaciones prioritarias para recuperar el Mar Menor» que impulsa el propio Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin noticias del veto de Agricultura a las fotovoltaicas en zonas de regadío
La instalación de plantas solares en terrenos de regadío ha generado debate y polémica a partes iguales, sobre todo en zonas como el Campo de Cartagena. El Ministerio de Agricultura sacó a consulta pública hace año y medio una regulación que pretendía prohibir la instalación de parques fotovoltaicos o eólicos en suelos dedicados a la agricultura de regadío. Solo se salvaría el autoconsumo para las fincas.
La instalación de estos huertos solares, de grandes dimensiones, compite con la actividad agraria por el uso del suelo, «y esto puede implicar afecciones negativas para un suelo de calidad, con alto valor ecológico para el cultivo, que conllevaría una disminución notable de su potencial productivo». El resultado, tal y como argumentó Agricultura en su día, sería la «pérdida de renta», lo que encaminaría el problema, «irremediablemente, a una despoblación en el medio rural».
El Ministerio guarda silencio sobre el estado de tramitación de esta propuesta, pese a que este periódico ha tratado en varias ocasiones conocer los avances. La protección de los suelos iba encaminada en una dirección: Agricultura prohibiría autorizar nuevas instalaciones de energías renovables en terrenos donde se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformación de secano a regadío, o bien mediante la modernización de regadíos ya existentes, declaradas de interés general del Estado y que hayan contado o no con inversiones públicas. La propuesta contó con el rechazo del sector de las renovables.
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