El Parlamento Europeo ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por Fundación Ingenio por el incumplimiento de dos directivas europeas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que dirige Teresa Ribera.
“El objetivo final de estas dos directivas es que, tanto las aguas subterráneas como las lagunas estén purificadas permitiendo, además, la compatibilidad entre medio ambiente y agricultura”, ha destacado la directora de Fundación Ingenio, Natalia Corbalán.
La directiva de la Fundación Ingenio viajó hasta Bruselas para explicar a los eurodiputados la actual situación de desamparo ante la inejecución de las obras que podrían solucionar el problema del Mar Menor, según informaron fuentes de esta organización en un comunicado.
La delegación de Fundación Ingenio se reunió con altos funcionarios de la Dirección General de Agricultura, de la Dirección General de Cambio Climático y medioambiente, así como con diversos eurodiputados que tienen un papel fundamental en los asuntos vinculados al medioambiente, agricultura y agua.
Además, se mantuvieron reuniones con algunas consultoras especializadas en proyectos europeos y soluciones ambientales como FINNOVA, así como con asociaciones europeas representativas de sectores agrarios y organizaciones de sostenibilidad medioambiental.
En el encuentro con los miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, Fundación Ingenio, que promueve ecosistemas compatibles e innovadores para permitir la convivencia del medioambiente y la agricultura sostenible de precisión, explicó esta denuncia contra la administración española por el incumplimiento la Directiva Marco del Agua y que en su articulado pide expresamente “reducir la contaminación de aguas subterráneas, así como proteger, mejorar y regenerar todas las masas de aguas para garantizar un equilibrio entre su extracción y alimentación”.
En palabras de la directora de Fundación Ingenio, la administración central “desatiende la ejecución de los programas de medidas y la satisfacción de las demandas de aguas recogidos en su propia planificación hidrológica”. “Estas medidas son insustituibles e imprescindibles para frenar y revertir la contaminación”, alerta Corbalán.
FALTA DE CONFIANZA
“Si se cumplieran las medidas previstas en los planes hidrológicos de demarcación, como el Plan Vertido Cero, aprobado por el ministerio, se solucionarían en gran parte los problemas de contaminación del Mar Menor”, revela Natalia Corbalán. “Se han paralizado infraestructuras hidráulicas y numerosas medidas para la modernización del regadío”, añade.
En la petición Fundación Ingenio también critica a la administración española por eludir su responsabilidad e “imponer cargas a los agricultores” que suponen un “coste desproporcionado para el medio ambiente y la economía”.
Con el incumplimiento de los planes hidrológicos se ha generado “una falta de confianza y credibilidad por parte del ministerio”, denuncia. “Su inacción repercute negativamente en el medio ambiente”, asegura Corbalán.
DIRECTIVA DE NITRATOS: “REDUCIR, NO PROHIBIR”
Otra de las normativas europeas incumplidas por parte de la administración española es la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos producida por fuentes agrarias.
El objetivo es actuar preventivamente contra la contaminación por nitratos y reducir los usos actuales de nitratos con fines agrícolas. “Esta directiva pide reducir la contaminación de aguas por nitratos, pero no prevé de ninguna manera la eliminación de la agricultura”, explica la directora de Fundación Ingenio.
Para ponerla en práctica es necesario un marco jurídico que promueva la reducción de nitratos y precisamente son la falta de medidas lo que se denuncia desde Fundación Ingenio. “Hasta la fecha, las medidas adoptadas en Murcia son insuficientes para cumplir esta directiva a pesar de que existen pruebas claras de que las autoridades están al corriente de las causas de contaminación”, denuncia Corbalán.
Por último, la directora de Fundación Ingenio recuerda que ya hay sanciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a países miembros por no haber adoptado medidas adicionales para cumplir con estas directivas. “España lejos de cumplir la normativa comunitaria está adoptando medidas destinadas al cese de la actividad agraria del Campo de Cartagena”, finaliza Corbalán.