Fundación Ingenio exige una revisión integral y dinámica de la Ley del Mar Menor

La reciente proposición de ley que modifica un aspecto específico de la legislación actual -la extensión de la exclusión temporal de desarrollos urbanísticos- evidencia que es posible legislar con celeridad cuando se considera prioritario (la Ley ya se ha modificado al menos tres veces). No obstante, esta rapidez contrasta marcadamente con la lentitud para abordar las inquietudes de colectivos científicos como los Agroingenieros por el Mar Menor, que consideran que el sector agrario ha sido desproporcionadamente afectado por una ley que no sólo limita su capacidad de operar, sino que también ignora las soluciones innovadoras que los agricultores están dispuestos a implementar.

La propia Ley del Mar Menor no es el marco adecuado para regular la actividad agrícola como queda reflejado en el propio texto, donde se describe literalmente que “En el caso de las medidas de carácter agrícola y ganadero, la ley sí que contiene un mayor desarrollo, a veces con un nivel de detalle que es propio de las disposiciones reglamentarias. Su incorporación a la ley obedece a razones de urgencia y necesidad, pero ya hemos apuntado que estas medidas pueden incardinarse dentro de las normas de control de la contaminación por nitratos de origen agrario” que en este caso es el Programa de Actuación frente a la contaminación por nitratos. 

Casi cuatro años después de la publicación de la norma, y ocho años después del primer episodio de sopa verde, las urgencias y las prisas legislativas para tratar de silenciar a la sociedad y justificar que se estaba abordando los verdaderos problemas que degradaban el Mar Menor, ya han pasado. Los mismos redactores de la Ley reconocen que el texto legal va en contra de la buena práctica legislativa, y que carece del dinamismo necesario para abordar cambios o avances científicos que puedan favorecer una mayor protección de la laguna salada. En esta misma línea, el Tribunal Constitucional sentenció sobre esta Ley que el legislador está sujeto “a un canon de justo equilibrio, razonabilidad o adecuación de las medidas al objetivo perseguido”, hechos que el tiempo ha demostrado que no se cumplen. 

Los recientes avances conocidos sobre el estado ambiental de la laguna exigen a las administraciones una adaptación de las normas para incluir, de una vez por todas, todas las presiones que la alteran, independientemente de la actividad y de sus responsables.

En este comunicado Fundación Ingenio hace un llamamiento a la acción y a dejar de mirar a otro lado. El Mar Menor requiere la atención de todos, no sólo cuando aparecen peces muertos, sino a lo largo de todo el año, incluso fuera del periodo de baño. Es hora de cambiar el actual paradigma, de hacer o parecer que se hace, cuando nuestro Mar Menor tiene problemas. El Mar Menor exige una nueva visión en positivo y constructiva donde el núcleo no sea la crítica estéril y la búsqueda de culpas y culpables. Instamos a una colaboración transparente y constructiva entre los legisladores y expertos agrarios para crear una nueva norma que sea justa, equilibrada y efectiva. Es hora de adoptar un enfoque holístico que aborde la recuperación permanente del Mar Menor y la coexistencia ordenada de las actividades económicas que se desarrollan en su cuenca vertiente.

La Fundación Ingenio exige que se tome en serio la voz de los agricultores y se inicie de inmediato un proceso de revisión legislativa que no solo responda a las urgencias actuales, sino que también establezca un marco para la prosperidad futura. La voluntad política no debe ser intermitente ni selectiva; debe ser constante y equitativa para garantizar que la recuperación del Mar Menor no sea a costa de aquellos que más han contribuido a la riqueza y diversidad de nuestra región.