El Gobierno regional, en cumplimiento de la ley de protección de la laguna, plantea un horizonte de diez años para culminar 155 medidas para el tratamiento de las aguas residuales y pluviales en los municipios ribereños

 

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El Gobierno regional tiene diez años para llevar a cabo en el entorno del Mar Menor 155 medidas sobre las redes pluviales, de saneamiento y las depuradoras de los municipios ribereños. El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el programa de control sobre las infraestructuras que gestionan el agua de lluvia y residuales cuya tramitación inició en 2021 tras la aprobación de la ley de la laguna salada. El periodo de cumplimiento del plan vence en 2034 y contará con un presupuesto de 234 millones de euros.

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha destacado de este macroproyecto para una década la intención de construir «nuevas infraestructuras» para la gestión de las redes urbanas y «modernizar las existentes». El programa se divide en dos partes, con un mayor peso de las acciones encaminadas a mejorar la red de pluviales y reducir el impacto de los arrastres ante episodios de lluvias torrenciales (con 95 medidas en total). Los nuevos tanques de tormentas y nuevas redes de canalización contarán con 140 millones de euros.

Algunas de estas actuaciones ya se han iniciado e incluso están finalizadas, ha destacado Ortuño, como el tanque de tormentas de Torre Pacheco, «que en las lluvias de la pasada semana evitó el vertido de 25.000 metros cúbicos al Mar Menor, o la mejora de los colectores Norte y Sur de San Javier, a punto de finalizar, con una inversión de casi seis millones de euros». También destacan más de siete millones en el tanque ambiental proyectado en La Manga del Mar Menor, cerca de la gola de Marchamalo; la inversión de más de diez millones en el tanque ambiental de Los Cuarteros (San Pedro del Pinatar) y el sistema urbano de drenaje sostenible de la Ciudad de Aire de San Javier, en el que se invertirán más de dos millones y que ya ha comenzado a ejecutarse.

Por otro lado, otros 91 millones se invertirán en conducciones y depuración de aguas residuales, así como 3 millones de euros que se emplearán en medidas destinadas a la eliminación de aguas parásitas. El portavoz ha remarcado que este gasto en los saneamientos y depuración del entorno de la laguna salada permiten que la Región siga «a la vanguardia» en estas materias.

54 viviendas sociales en Cartagena y Alguazas

El Consejo de Gobierno también ha aprobado este jueves una concesión de ayudas a los ayuntamientos de Cartagena (1,68 millones de euros) y Alguazas (700.000 euros) parala construcción de 54 viviendas destinadas al alquiler asequibles entre personas vulnerables. La ciudad portuaria edificará hasta 40 en total. Se trata de viviendas de protección pública y energéticamente eficientes, que serán edificadas sobre parcelas propiedad de los consistorios en la calle Colombia, en el caso de Alguazas, y la calle Sol del barrio de Los Mateos, en el caso de Cartagena.

Además, los centros de día de Yecla, Alhama de Murcia, Bullas y Blanca verán conveniadas 122 plazas nuevas por un importe de 2,49 millones de euros. La atención a personas mayores en residencias de Alcantarilla, Fuente Álamo, Blanca, Totana y Calasparra se verá ampliada con un incremento del gasto del Instituto de Acción Social (IMAS) de 930.000 euros.

Ortuño pide saber el contenido de la próxima cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera

La propuesta de una financiación «singular» para Cataluña en el marco de las negociaciones para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para julio también se han colado en los debates del Consejo de Gobierno este jueves. El portavoz Marcos Ortuño pide, al margen de citar de forma oficial a las comunidades para el próximo mes, «reforzar el sistema de financiación autonómica que la Región de Murcia deje de ser la comunidad peor financiada». La Comunidad pedirá al respecto «un fondo transitorio» para los territorios más maltratados mientras «no se apruebe un nuevo sistema». Ortuño también ha pedido saber «la verdad» sobre lo que se está negociando «unilateralmente» con Cataluña.