Natalia Corbalán: «Lo que se han aplicado son políticas equivocadas influenciadas por radicalismos enfrentados. Pero en el Campo de Cartagena existe una normativa que hace que el uso del agua sea el más eficiente del mundo»

El clamor por la defensa de la agricultura, ganadería, pesca y de todo el sector Primario llega este domingo a Madrid, donde se espera que 200.000 profesionales del campo recorran las calles en una cita histórica para reivindicar un «futuro para el mundo rural y las actividades que lo sustentan». Un acto que contará con la presencia de entre 6.000 y 7.000 profesionales murcianos del ámbito agrícola, ganadero, cinegético, y de la pesca, entre otros, que llevarán a la capital de España las proclamas que ya gritaron en la manifestación de Murcia el pasado 16 de febrero. «La situación es agonizante, crítica. El sector está al borde del cataclismo», confiesa Alfonso Gálvez, presidente de la asociación agraria Asaja Murcia.

Los precios «inasumibles de los costes de producción», el aumento del precio de la luz, y el incremento en un 80 por ciento de los combustibles hace tambalear y temblar a miles de profesionales de la agricultura, que reclaman al Gobierno central una «urgente bajada de impuestos» que alivie la situación.

Todo ello, haciendo malabares y luchando contra la competencia desleal de terceros países, que como Marruecos, ya ha conquistado a países como Francia en las exportaciones hortofrutícolas. «Si continuamos así, estamos abocados a dejar de exportar y si no hay consenso, las consecuencias serán negativas para todos».

Esta opinión la comparte Natalia Corbalán, CEO de la Fundación Ingenio -entidad que nace en 2020 y engloba a más de 45 cooperativas y empresas agrícolas del campo de Cartagena- quien hace un llamamiento a la sociedad para que se una a las reivindicaciones del sector. Una manifestación que considera fundamental ya que ejerce un efecto de «presión» y «visibilidad» ante los poderes públicos, que son quienes tienen que tomar «medidas y aplicar políticas de manera urgente». E incide, «se trata de poner en valor la soberanía alimentaria en beneficio de todos».

De hecho, pone de relieve los recortes que ha sufrido el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura sin la que algunas zonas que viven de la agricultura como el Campo de Cartagena «no puede subsistir».

Para Corbalán, en los últimos años se ha dado la idea equivocada de que medio ambiente y agricultura y ganadería no son compatibles, «y es todo lo contrario, especialmente con los avances tecnológicos. Lo que se han aplicado son políticas equivocadas influenciadas por radicalismos enfrentados. Pero en el Campo de Cartagena existe una normativa que hace que el uso del agua sea el más eficiente del mundo».

Precisamente, la asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) también incide en que entre las reivindicaciones incluidas en el manifiesto destaca la necesidad de contar con Planes Hidrológicos adaptados al futuro del sector agrario, que aseguren el agua para el riego y garanticen la producción de alimentos, con más inversiones para modernizaciones de regadíos, y un reparto más justo entre explotaciones; así como un control de las importaciones para que cumplan las normativas vigentes en el interior de la Unión Europea, de forma que se evite la competencia desleal respecto a terceros países.

En la misma línea muestran su queja en la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), quienes denunciaron que el sector de la Región de Murcia «está sufriendo desde hace tiempo los problemas derivados de los sobrecostes que se está registrando en las materias primas, los trámites de producción, el envasado, combustibles, fertilizantes o la energía, y que se ha llegado a un punto muy preocupante».

Según los organizadores, unas 200.000 personas ocuparán las calles de Madrid en defensa de un sector primario sostenible y de calidad, reclamando la aplicación urgente e inmediata de políticas que alivien la presión a la que están sometidos miles de profesionales agrarios. «Lo único que nos queda, en el Estado democrático, es nuestro derecho a manifestarnos», defiende la CEO de Fundación Ingenio, Natalia Corbalán.