undación Ingenio, integrada en la plataforma ciudadana, explica que el objetivo central de la ILP es proteger la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el conjunto de la economía rural en España
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SOS Rural ha presentado en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular que tiene como objetivo proteger por ley las actividades primordiales del sector primario. El objetivo central es proteger la agricultura, la ganadería y la pesca, así como el conjunto de la economía rural en España, ya que es un «sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral». Uno de los objetivos es intentar poner a salvo las tierras productivas frente a las presiones de lobbies y fondos extranjeros especulativos para eliminar los cultivos para sustituirlos por placas solares.
La ILP es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja y su validación por la Junta Electoral Central.
De este modo, SOS Rural cumple uno de los más fuertes compromisos que adquirió en su nacimiento, hace apenas unos meses. Natalia Corbalán, portavoz nacional del movimiento ciudadano, y Adolfo García Albaladejo, agricultor productor de ecológico y presidente de la Fundación Ingenio, entidad integrada en SOS Rural, destacaron que «ninguna formación política seria debería ningunear una iniciativa apartidista que sólo propone soluciones para un sector que se muere y que brota como grito de auxilio desde el corazón del mundo rural».
La ILP propone el uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos, una obviedad que ha dejado de serlo, ya que las políticas actuales de acoso a la actividad agraria provocan el desistimiento de los productores, que malvenden o entregan lo más valioso, la tierra, a los lobbies que están ‘alicatando’ el campo de placas solares. Estos negocios sí gozan de todo tipo de estímulos públicos, y están acaparando tierra, incluso en parajes naturales de gran valor, que quedará inutilizada para los usos tradicionales. También pide la protección de los regadíos, así como el acceso a insumos ganaderos a precios razonables y la protección de la actividad pesquera. Sobre el agua, se pide un suministro estable para todos los territorios con la ejecución de un modelo hidrológico actualizado.
SOS Rural ha abierto una ronda de contactos con las principales fuerzas políticas para hacerles entrega y explicar personalmente a sus representantes el contenido y los objetivos de la ILP. La plataforma ciudadana observa «con enorme preocupación la velocidad con la que el sector primario español y toda la economía que le acompaña se está destruyendo. Está muy cerca de alcanzar puntos de no retorno, dejando en el alero el futuro inmediato de nueve millones de personas», aseguran sus portavoces.
«Hay soluciones conocidas por todos, soluciones que contribuirían a garantizar precios estables y accesibles de los productos frescos de nuestros campos para todas las familias, la soberanía alimentaria de España y la contención de la frustrante y tristísima desaparición de toda forma de vida y actividad de pueblos y comarcas enteras», explican desde SOS Rural. Las actuales políticas «españolas y europeas están haciendo imposible la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, de tal forma que su cierre masivo provoca subidas de precios en los alimentos, que se están convirtiendo en productos de lujo», aseguran. «La alternativa de nuestros políticos es un suicidio incomprensible: fomentar desde las Gobiernos los cultivos masivos en países como Marruecos, Egipto o Turquía, desde donde debemos importar productos como el tomate. Es increíble que un país como España esté a punto de depender de Marruecos para poder alimentarnos. Es un disparate», añaden.
SOS Rural recorrerá España no sólo para reunir las 500.000 firmas que hacen falta para que la ILP sea considerada por el Congreso, sino también para tejer una gran plataforma que, de forma unitaria y coordinada, defienda la supervivencia de todas las actividades económicas vinculadas al ámbito rural. La plataforma ya está agrupando a centenares de organizaciones de ganaderos, agricultores, pescadores o mujeres rurales para poder defender la forma de vida y el futuro de nueve millones de personas.
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