Entrevista a Natalia Corbalán: «La agricultura es un chivo expiatorio en el Mar Menor»

¿El Ministerio de Transición Ecológica reconoce el carácter multifactorial del problema?

El plan marco de actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor, aprobado en noviembre de 2021 por el ministerio, es el principal documento que reconoce esta multifactorialidad. De los 382 millones de euros que en una primera hornada destinó al plan, le dieron 110 millones al sellado de las minas, 101 al plan de inundaciones, 53 a saneamiento y depuración… A la agricultura le destinaron solo el 6% del presupuesto, una cantidad absolutamente ridícula si realmente consideras que el problema viene solo del factor agrícola. El ministerio sabe muy bien lo que hay. También la Unión Europea ha hecho un informe de evaluación que reconoce la multifactorialidad del problema. Lo sabe, lo reconoce y está exigiendo medidas.

¿Cuál es el encaje de las distintas administraciones en términos de responsabilidad sobre el deterioro del Mar Menor?

Las diferentes administraciones competentes están utilizando las competencias, en vez de para hacer, para no hacer. Se escudan en ellas para echarle la pelota al otro. En agricultura las competencias están transferidas a la comunidad autónoma. La Ley del Mar Menor que aprueba el Gobierno regional en julio de 2020 tiene el 70% de su articulado dedicado a hiperregular la agricultura y omite otra serie de factores, porque generan un desgaste político. El problema del Mar Menor lo tiene que solucionar la ciencia, no los políticos. Las decisiones políticas inacertadas son lo que contamina.

Se ha cogido a la agricultura como chivo expiatorio. Por un lado, al Gobierno central le viene muy bien que la agricultura sea una excusa porque es la tormenta perfecta para cortar el trasvase Tajo-Segura. Por otro lado, el Gobierno regional, para tapar sus vergüenzas, ya tiene un culpable, señalado sistemáticamente ante la sociedad. Pero eso es una irresponsabilidad enorme, porque el Mar Menor necesita recuperarse. La agricultura es parte del problema, pero también de la solución.

En septiembre el Senado aprobó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica, ¿en qué ha cambiado la situación?

Nosotros no estamos en contra de la ILP, no nos manifestamos en contra de un movimiento social que aunó un sentimiento que la sociedad murciana y nacional tenía por recuperar el Mar Menor. ¿A quién no le duele ver el Mar Menor así? Todos queremos salvarlo; los agricultores, los primeros. Pero la ILP no lo va a salvar, solo las infraestructuras y acciones lo harán. Dotar de personalidad jurídica a un espacio natural en la Unión Europea es algo nuevo, por lo que tampoco sabemos si tiene encaje en nuestro sistema jurídico. De hecho, está recurrido en el Tribunal Constitucional. La Fundación no está en contra de la ILP, pero el Mar Menor no se va a recuperar con denuncias ni colapsando juzgados.

La máxima expresión del deterioro del Mar Menor son los reiterados episodios de peces muertos en la laguna, ¿a qué se deben? ¿Puede volver a ocurrir?

Sí, se repetirán si se repite su origen. La mortandad del 12 de octubre de 2019 se produjo porque un mes antes había habido una dana muy importante y el tanque de tormentas de San Pedro del Pinatar, que no está conectado a la depuradora, estaba lleno de la basura arrastrada por las lluvias. Las tuberías vertieron toda esa agua putrefacta, que ocasionó la mortandad de peces por asfixia no en todo el Mar Menor, sino en ese punto, en la playa de Villananitos. La segunda mortandad importante se produjo el 14 de agosto de 2021, coincidiendo con una hiperpoblación en la zona de la cubeta sur, donde están las playas de La Manga. Ahí se produce un fallo en el bombeo de la electricidad de la depuradora de Los Nietos y se suelta toda esa agua fecal. Eso vuelve a provocar una bolsa anóxica que mata a los peces. Es decir, el nitrato no mata a los peces, mueren porque hay vertidos puntuales de sustancias tóxicas.

Ustedes proponen como solución la creación de un Anillo Protector Ambiental, ¿en qué consiste esta medida?

Es una solución holística. Hay que hacer infraestructuras para contener el agua superficial que llega hasta el Mar Menor y extraer el agua subterránea del acuífero, porque el nivel freático está muy alto. Muchas de las infraestructura que recoge nuestro Anillo Protector Ambiental ya estaban en el Plan Vertido Cero, diseñado para el Mar Menor en el anterior Gobierno. Con el cambio de Gobierno, se metió en un cajón y se hizo un nuevo plan. No estamos en contra del nuevo plan, pero no contempla sacar el agua del acuífero y eso es capital. La solución no es eliminar la agricultura. Aunque se suprimiera por completo y toda la cuenca fuera de secano, el problema de contaminación permanecería durante treinta años, porque el estocaje de nitratos está en el acuífero.

Otro gran problema de la agricultura en el Campo de Cartagena es el agua. El Gobierno ha aprobado recientemente el recorte progresivo del trasvase Tajo-Segura, ¿cómo valoran esta decisión?

Sin agua nosotros no seríamos absolutamente nada. El trasvase Tajo-Segura, que comienza en 1979, afecta a regadíos declarados de interés nacional, porque se decidió que Murcia tenía que ser una potencia agrícola. El agua se puede transportar, pero el sol no. El recorte al trasvase no se basa en criterios técnicos y científicos, sino políticos, para contentar a otras comunidades autónomas. Se ha visto la oportunidad, basándose en una irresponsabilidad por parte del Gobierno regional, que señala a la agricultura como principal factor de la contaminación del Mar Menor. Es la tormenta perfecta. Si tú, Gobierno regional, ya dices que tu actividad contamina, pues yo, ministerio, te corto el agua y se acaba el problema. Pero no, el Mar Menor no se va a solucionar si no hay agua y encima se va a generar un problema social y económico enorme.