Un estudio revela el enorme daño patrimonial al Campo de Cartagena debido a las políticas del gobierno regional

El cultivo al aire libre de hortalizas en Campo de Cartagena es actualmente el tipo de explotación más penalizado por la normativa existente a nivel regional, debido principalmente a la reducción del número de ciclos y la reducción de la superficie de cultivo que contempla dicha legislación. En el primer caso, la ley contempla una reducción a un máximo de dos rotaciones de cultivo por temporada. En el segundo, la reducción de superficie por hectárea ha de ser del 5 por ciento del margen neto total, lo que supone un total de pérdida media de superficie de 500 metros cuadrados.

De hecho, el cultivo al aire libre de hortalizas sufre un impacto directo del 37 por ciento sobre el margen neto de negocio por la regulación que establece la Ley del Mar Menor, según recoge el informe encargado por Fundación Ingenio a Agrupación Técnica del Valor, una de las entidades de tasación de referencia en España, para analizar el valor o el precio de las fincas rústicas en el Campo de Cartagena y el impacto de las medidas introducidas en la aplicación de la Ley 3/2020 del Mar Menor, así como del inmenso paquete normativo que asfixia a la comarca y al sector.

Estos datos son más sangrantes todavía, si los cultivos hortícolas o no están situados cerca del frente costero, donde la pérdida de superficie es del 20 por ciento, es decir, cuatro veces más. Y no son los únicos factores perjudiciales que contempla la ley, sino que hay que añadir otros como la implantación y mantenimiento de estructuras vegetales de conservación, cuyo coste está valorado en 1.650€/Ha. También de sondas de muestreo, analíticas y contadores, que suponen más de 2.200€/ha, así como libros de registro de riegos y control de abonado, con un coste medio de 700€/ha. Medidas de obligatorio cumplimiento todas ellas que encarecen notablemente la actividad diaria del agricultor y, por tanto, provocan el derrumbe del valor de las explotaciones, además de otros gastos no contemplados como la contratación de un operador agroambiental y de una certificación ECARM.

Una regulación contra la agricultura

Para Fundación Ingenio, este estudio demuestra una vez más cómo la llamada por los agricultores del Campo de Cartagena «ley de destrucción de la agricultura» está arrastrando al declive de la producción agrícola en el conjunto de la Región de Murcia. Sus responsables insisten en que el hecho de que la Ley 3/2020 señale de facto a la agricultura como única responsable de la degradación del Mar Menor es consecuencia directa de la pérdida de valor patrimonial del suelo en la zona y de competitividad por parte de los agricultores. Por esta razón, Fundación Ingenio denuncia «el premeditado y evidente robo del patrimonio de los pequeños propietarios y sus familias por una regulación hecha contra la agricultura y en defensa de intereses opacos».

Según el informe de la empresa ATV, otra de las consecuencias que ha provocado la ley en la zona es la migración de las explotaciones hacia otras zonas, como la Comarca del Guadalentín, antes llamado Campo de Lorca, que incluye los municipios de Lorca, Águilas, Totana y Alhama de Murcia, con el consecuente aumento de precios de las parcelas en la zona, y la pérdida de empleabilidad, especialmente de los más vulnerables.

Además, y desde el año 2017, la bajada del valor medio de la tierra ha oscilado entre un 6 y un 10 por ciento, dependiendo del cultivo y el municipio en el que se encuentre. Municipios más próximos al Mar Menor, como Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, sufren las mayores bajadas de valor patrimonial. Es un hecho que la mayor repercusión de costes para adaptar la explotación a las exigencias de la Ley y el mayor impacto en general sobre el margen bruto de la explotación han provocado una menor demanda en la zona para cultivos hortícolas, con el consiguiente perjuicio para los agricultores de la zona.